3º acto: denuncia a la comisión de incompatibilidades del Senado

 A petición nuestra, provisionalmente denominados “grupo de acción directa ciudadana”, la organización ATRAPA  ha remitido escrito a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, así como a todos los miembros de la misma, denunciando la actuación del senador popular José Muñoz Martín.

A LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES DEL SENADO

D. Rubén Arroyo Nogal, presidente de la ASOCIACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE CASTILLA Y LEÓN (ATRAPA CyL), con CIF G05240221, y en virtud de la representación legal que ostento, comparezco y como mejor proceda en virtud del art. 29 de la Constitución Española, DIGO:

PRIMERO.- El 9 de Julio de este año se publicó en la prensa digital de Salamanca1 una información relacionada directamente con el senador popular José Muñoz Martín y las funciones y actividades de esta Comisión de Incompatibilidades y que ha indignado a numerosos ciudadanos salmantinos, los cuales han emprendido una campaña de denuncia al respecto2.  En concreto, estos ciudadanos recientemente organizados como Grupo de Acción Directa Ciudadana, denuncian de dicho senador que la “mínima actividad parlamentaria (2 preguntas escritas, 5 intervenciones en proyectos de ley y 4 preguntas orales en Comisión en dos años de legislatura) se ve claramente eclipsada por sus intereses económicos (es el senador más rico de Castilla y León) y los intereses del PP en la dirección de la Gaceta Regional de Salamanca; diario que controla la opinión publicada de la provincia, con el resultado “democrático” que todas conocemos: la nula información y crítica ofrecida a la ciudadanía salmantina sobre la gestión pública del Partido Popular, lo que vendría a explicar en buena manera el poder absolutista de ciertos caciques salmantinos por todas conocidos”. 

SEGUNDO.- Al parecer, y según la información publicada y no desmentida por el propio senador y otras fuentes autorizadas, el senador popular José Muñoz Martín habría dimitido de su puesto en el Consejo de Administración de GRUPOSA, empresa editora del periódico La Gaceta Regional de Salamanca, y de forma inmediata habría sido contratado como “asesor externo”, con derecho a participar en las deliberaciones del Consejo, como si no hubiera cambiado nada, evitando así la probable reprobación de esta comisión que vela por las incompatibilidades de los miembros de esta institución.

   TERCERO.- La Gaceta de Salamanca es el diario más leído de la provincia con 86.000 lectores, una cuarta parte de los ciudadanos de la provincia; y actualmente es el único existente tras el cierre de El Adelanto, que tenía 16.500 lectores según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM). El periódico El Mundo sería el siguiente más leído en la provincia con 18.000 lectores, El País con 13.000 y el ABC con 6.000. Además el 65%, más de 50.000 de los lectores de La Gaceta, reconoce que sólo se informa a través de dicho medio de comunicación, poniendo de manifiesto “la supremacía de este periódico y su gran impacto publicitario”3

  Es así que las incompatibilidades, al menos desde el punto de vista del buen gobierno y la ética política, nos parecen evidentes.   En primer lugar, nos parece como mínimo muy poco democrático que un miembro de la cúpula local del partido que gobierna en el Ayuntamiento de Salamanca (también en multitud de pueblos y en la Diputación desde hace muchas décadas), y actualmente miembro del Senado, sea a su vez accionista y participante activo del Consejo de Administración (aunque sea como “asesor externo”), del que incluso fue fundador y presidente, del periódico que informa, y da su opinión, de forma cuasimonopólica en la provincia, sobre la gestión pública de ese mismo partido y esos gobiernos, y en exclusiva, a más de 55.000 personas. Es evidente que la libertad de información y expresión dentro del diario podría estar claramente cooptada por los intereses del senador Muñoz, fueran los que fueran, lo que no entramos a valorar. 

La libertad de información y expresión en referencia a la prensa y el lugar que ocupa en la formación de la opinión pública como fundamento del pluralismo y la legitimidad de las elecciones y el sistema democrático, han sido subrayados hasta el extremo por la jurisprudencia constitucional, puesto que “las libertades del artículo 20 de la Constitución no son sólo derechos fundamentales de la persona, sino también significan el reconocimiento y garantía de la opinión pública libre, que es una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático, estando estas libertades dotadas por ello de una eficacia que trasciende a la común y propia de los demás derechos fundamentales(STC 121/1989, F.J. 2º).  

Y es que estos derechos se encuentran ligados inexcusablemente a principios básicos del sistema democrático, pues la libertad de información “… garantiza el mantenimiento de una comunicación pública, sin la cual quedarán vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico política…, sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos lo s ciudadanos… (STC 6/1981, F.J. 3º).  Así en repetidas ocasiones se ha puesto de manifiesto su carácter estructurante del orden constitucional pues “… los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como dice el artículo 10 de la C.E., el fundamento del orden jurídico y de la paz social. De la significación y finalidades de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado” (S.T.C. 53/1985, F.J. 4º).  

Es por ello que creemos que no se trata de una mera incompatibilidad respecto ciertos intereses económicos, sino de la constante presencia como miembro fundador, presidente, consejero y actualmente “asesor externo” del señor Muñoz Martín en un medio de comunicación, de carácter monopolista, y que controla la opinión publicada, dando buena prueba del poder que representa tal situación la actuación cuanto menos irregular del senador, mediante su dimisión del Consejo de Administración, para ser de forma inmediata contratado como “asesor externo”, obviando, o “burlando” su entendemos que imprescindible dimisión de dicho consejo… o de su cargo como senador. 

CUARTO.- Este mismo grupo empresarial tiene intereses económicos en la producción de energía hidroeléctrica y al parecer la presidencia de la Comisión de Energía del Senado está ocupada precisamente por el mismo senador Muñoz Martín, lo que nos parece también una vulneración clara de principios éticos y políticos fundamentales en una democracia avanzada. 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO se tenga por presentado este escrito, se admita y previos los trámites legalmente oportunos, esta Comisión tome en consideración la situación denunciada y 1) se pronuncie al respecto, 2) interese a esta organización sobre el asunto y en especial 3) nos informe sobre la legalidad de la situación del senador y 4) sobre las medidas que piensa tomar al respecto.

Es de Justicia, en Salamanca, a 19 de Septiembre de 2013

 

1Noticia del Tribuna de Salamanca: http://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-senador-popular-jose-munoz-burla-a-la-comision-de-incompatibilidades-del-senado

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